EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MAS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MÁS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.


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Pago de tres meses y 20 días de salario por año trabajado, por despido injustificado
Indemnización por despido Injustificado derecho a:

     EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MÁS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE ELEMENTOS DE LOS SEGURIDAD PÚBLICA. 

     Por. Mtro. Fidel Hugo León Villafaña.

      El máximo Tribunal de nuestro País (México), determino que todos los miembros de los cuerpos de seguridad pública, policias, tendran derecho por analogia del pago de tres meses de salarios por concepto de indeminización Constitucional por el despido Injustificado, mas el derecho de pago de 20 días de salario por cada uno de los años laborado por en caso de despidos injustificados, esto al interpretar el artículo 123 fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que antes a dicha interpretación se prestaba a un laguna legal, sobre que conceptos tienen derechos dichos personal cuando se han visto separados de sus funciones en casos injustificados, por las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, esto, por que dicho artículo en su apartado B, de la Constitución Federal no señalaba circunstancia alguna de sus prestaciones a los que tenia derecho, al igual que cualquier trabajador del diverso apartado A. 

        Es importante señalar que los miembros de los seguridad pública se les considera como una realción administrativa y no como una relación laboral, que con dicho conceptos los tirbunales que les corresponde resolver son diversos tribunales y diversas legislaciones, tocandoles connocer y resolver según se trate de dichos servidores públicos en federales o locales, esto es Tribunal de Justicia Administrativa Estatales o Federales, y en su caso la legislación que lo regulan lo son la Constitución Federal, los Códigos de Justicias Administrativas, o del Procedmiento Contensioso Administrativo, y las Ley de Seguridad Pública, leyes y reglamentos de seguridad pública, que los regulan sus relaciones entre ellos y las gobiernos respectivos, sin embargo en la mayorías de sus legislaciones establecen múltiples deberes y organización de su personal pero son escasos los derechos que contemplan para tales servidores públicos, lo cual dejaba en total estado de indefensión sobre sus derechos y prestaciones a los que tiene derecho en caso de su terminación laboral llamada administrativa.

       Cabe precisar que por disposición de la propia constitución limita o prohibe a dicho personal que hubiera sido separado de su cargo justificada o no, no podian regresar, o ser reinstalados, ni por mandado de los tribunales administrativos que determinaran que fue ilegal, sin justificación dicha terminación de servicio. Pero al reclamar sus derechos o la reparación del daño (indemnización constitucional) era un verdadero problema determinar que conceptos entraban y cuales no para su cuantificación y pago por dicho despido injustificado, por que como ya se menciono no esta expresamente regulado en ninguna legislación, como lo la Ley Fdereal de Trabajo, sino que esta muy dispersa y escasa en diversas legilaciones de seguridad pública y la propia constitución.

 Por ende al resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determino concaracter obligatorio para todo el país, y obliga a todos los Jueces y Magsitrados a pasar por su determinación a la aplicación por analogía el mismo artículo arriba mencionado pero en su diverso apartado "A", en su fracción XXII. Que si le da ese derecho a los trabajadores de dicho apartado.

      A continuación incorporamos la Jurisprudencia completa para su conocimiento y lectura de quien asi lo considere.        

 

   Época: Décima Época, Registro: 2012129, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XVI.1o.A. J/31 (10a.)

 

       MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
      El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, prevé el derecho al pago de una indemnización en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada la separación o cualquier vía de terminación del servicio de los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, a fin de no dejar en estado de indefensión al agraviado, ante la prohibición absoluta de reincorporarlo al servicio, pero no establece la forma en que se integrará su monto. Ante esta circunstancia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2401/2015, del que derivó la tesis 2a. II/2016 (10a.), abandonó el criterio que sostenía anteriormente, para establecer que ese derecho constitucional en favor del servidor público debe hacerse efectivo mediante la aplicación de las normas constitucionales y legales que, por analogía, resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de ordenamientos de carácter laboral, pues se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza administrativa de la relación que rige el servicio de los miembros de las instituciones policiales y el Estado, en atención a lo cual ese pago debe efectuarse en términos de lo que disponga la ley especial y, en caso de que ésta no prevea los parámetros suficientes para que se pueda fijar correctamente el monto de ese concepto, se aplicará lo señalado en la Constitución Federal, dado que en su artículo 123 se contienen las garantías mínimas que deberán respetarse en las relaciones de trabajo o servicio, tanto en el sector privado como en el público. Por lo cual, concluyó que debe acudirse al apartado A, fracción XXII, de ese numeral, el cual prevé la indemnización para los casos en que el trabajador fuese separado de su empleo sin mediar causa justificada y el patrón no esté obligado a la reinstalación, cuyo pago debe hacerse en un parámetro que comprende, por disposición legal, tres meses de salario y veinte días por cada año laborado, puesto que es el mínimo suficiente para indemnizar al trabajador de los daños y perjuicios que se le provocaron con el despido ilegal. Por tanto, para fijar el monto de la indemnización cuando un servidor público, en términos de la fracción XIII del apartado B del precepto indicado sea separado de la función pública que desempeñaba y, seguido el proceso legal, la autoridad jurisdiccional resuelva que no existió causa justificada para el cese, remoción o cualquier forma de terminación de la relación administrativa, sin posibilidad de optar por la reinstalación debe aplicarse, por analogía, la fracción XXII del apartado A citada, en el sentido de que la indemnización que debe cubrir el Estado incluye el pago de tres meses de sueldo, más veinte días por año efectivo de servicios, salvo que exista una norma específica en el ordenamiento federal o local, según corresponda, que estatuya una indemnización mayor.
        PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
        Amparo directo 535/2015. Verónica Martínez Flores. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.
       Amparo directo 64/2016. Esteban Hernández Mateos. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
      Amparo directo 60/2016. Francisco Javier Velázquez Troncoso. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
      Amparo directo 82/2016. Juan León Espinoza. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
       Amparo directo 598/2015. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
       Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.


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Comentarios: 1
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